Barcelona: Servicio de mediación para personas desahuciadas y desempleadas

Resumen

El Servicio de Intermediación para personas en proceso de desahucios y desempleadas es la última fase en una intervención de la Unidad Contra la Exclusión Residencial bajo el Plan de Derecho a la Vivienda del 2016-25 de la Municipalidad de Barcelona. Su objetivo es coordinar actores y recursos relevantes para una intervención urgente e integral.

El servicio interviene en los casos en que se ejecutan órdenes de desalojo, y los arreglos de liquidación de deudas y la continuación del ingreso no se han explorado o no se han aceptado. Sus funciones incluyen:

• Mediación entre propietarios e inquilinos, y entre prestamistas e hipotecarios.

• Opciones para asumir la deuda existente y los atrasos y permitir que los ocupantes permanezcan en su lugar.

• Arreglos para asistencia legal.

• Asesoramiento y asistencia.

• Y competencia para asignar viviendas alternativas donde los desalojos son inevitables.

En 2016, el servicio ayudó a más de 1,570 familias, lo que representa el 80% del total de casos en la ciudad.

Las soluciones ofrecidas por la Good Practice

Tradicionalmente, la falta de vivienda se ha abordado como un problema de servicios sociales. Está evolucionando desde un modelo de "escalera", donde la persona tiene que cumplir ciertas condiciones para acceder gradualmente a una vivienda mejor y más estable, hacia el modelo de ‘vivienda primero’, basado en el acceso directo a la vivienda a largo plazo junto con apoyo social. Este último ha demostrado ser más rentable y con mejores resultados.

El programa barcelonés toma esta misma lógica pero se aplica a las medidas preventivas derivadas de las políticas de vivienda. Si el argumento de ‘la vivienda primero’ coloca el hogar en el centro de la integración social, este mismo principio debería mantenerse cuando se producen desalojos en caso de vulnerabilidad y exclusión.

Este programa es el último recurso contra la falta de vivienda. Su objetivo es coordinar a todos los actores y recursos involucrados a través de una intervención integral en casos urgentes.

Las funciones incluyen: mediación, opciones para asumir deudas y permitir que los ocupantes permanezcan, arreglos para asistencia legal, asesoramiento y asistencia, y autoridad para asignar viviendas alternativas.

Las intervenciones involucran casos donde el desalojo está en curso y los arreglos de la deuda y la continuación del ingreso no han sido explorados o fueron rechazados. Esta práctica pertenece a la Unidad Contra la Exclusión Residencial del Plan más amplio del Plan de Derecho a la Vivienda de Barcelona.

Enfoque sostenible e integrado

La práctica presentada por la Municipalidad de Barcelona abarca los principios de URBACT de la vida urbana sostenible. El objetivo de esta práctica es reducir la falta de vivienda a través de medidas preventivas sobre los procesos de desalojo, vinculados a la pobreza y la exclusión social.

La falta de vivienda a menudo es el resultado de la compleja interacción de una serie de factores de vulnerabilidad. Sin embargo, el desempleo y el sobreendeudamiento de los hogares siguen siendo riesgos importantes en toda Europa, según el proyecto de investigación de la Comisión Europea de 2016 ‘Prevención de las personas sin hogar en el contexto de los desalojos’.

La práctica de SIPHO es también un ejemplo relevante de los principios de enfoque integrado y participativo. Su objetivo es reducir el desalojo mediante intervenciones efectivas que a menudo incluyen la coordinación de una amplia gama de servicios, tanto horizontales (servicios sociales, oficinas de vivienda, servicios de emergencia, servicios de salud, servicios educativos a nivel local) y verticalmente, con servicios metropolitanos y provinciales y organizaciones regionales.

La coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil es igualmente esencial. En el caso de Barcelona constituye un elemento clave en diferentes etapas: a la hora de identificar los casos, cuando las asociaciones de vecinos o la Plataforma de Personas Afectadas por Hipotecas (PAH) denuncian casos, y también cuando encuentran soluciones, cuando organizaciones no gubernamentales proporcionar alternativas de vivienda de emergencia o fondos de ayuda de emergencia.

El enfoque participativo

En gran medida, las intervenciones en desalojos urgentes las llevaron a cabo organizaciones de la sociedad civil, como la Plataforma de Personas Afectadas por Hipotecas y otras ONGs. Sin embargo, el perfil de las personas desalojadas ha cambiado desde entonces, y ahora afecta principalmente a viviendas sociales y de alquiler y ocupaciones precarias. En este sentido, Barcelona se ha unido al perfil más común de los desalojos en la mayoría de las ciudades de la Unión Europea.

A pesar de esto, las estructuras, los procedimientos y las lecciones aprendidas de la gran cantidad de desalojos debidos a las ejecuciones hipotecarias han contribuido en gran medida al desarrollo de esta práctica local. Su participación ha sido esencial tanto en el diseño como en la implementación de la práctica.

Se han establecido órganos participativos como la Junta Asesora de Vivienda (Conseill d'Habitatge), la Red Local de Desalojo (Taula de Desonaments), las Juntas de Vivienda del Distrito o la Red de Emergencia Social Local para evaluar casos y priorizar el acceso a un alojamiento alternativo. Estos organismos tienen un papel de vigilancia en los procesos de implementación y rendición de cuentas.

¿Cómo ha marcado la diferencia?

De acuerdo con la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) del Departamento de Vivienda, donde opera el SIPHO, asistieron 679 familias en 2014, 1.020 familias en 2015 y 1.574 familias en 2016. Eso significa un aumento anual de casi el 50%. Este número no corresponde a un aumento de los casos de desalojo, sino todo lo contrario. En 2016, el número de desalojos disminuyó en un 8%. Sin embargo, sigue siendo extraordinariamente alto, con 30 desalojos a la semana en Barcelona. No obstante, estos últimos datos deben leerse con precaución, ya que no están desglosados ​​entre las primeras viviendas y otros tipos de bienes inmuebles.

El aumento de familias atendidas por este proyecto de prevención de personas sin hogar corresponde al firme compromiso de la administración local para fortalecer este servicio. Hoy, el 80% de los procesos de desalojo involucran este servicio.

Cabe señalar que los datos sobre el desalojo son extremadamente difíciles de recopilar ya que a menudo se dispersan, no se desagregan o incluso no existen. Debido al extraordinario número de desalojos en España desde el comienzo de la crisis económica, España cuenta con algunos de los datos más precisos de la UE, según los expertos que coordinaron el informe de la Comisión Europea, "Prevención de las personas sin hogar en el contexto de los desalojos".

¿Por qué deberían ser transferidas a otras ciudades europeas?

Una gran parte de la población no puede acceder a una vivienda adecuada, especialmente hogares de bajos y bajos ingresos. La asequibilidad de la vivienda se está convirtiendo en una gran preocupación en contextos urbanos en toda la Unión Europea, con más del 17,3% de la población enfrentando riesgos de pobreza, el 11,4% de la población con costos de vivienda onerosos y con una caída en la inversión en vivienda social (EUROSTAT). El aumento generalizado de la falta de vivienda es uno de los resultados de estos factores (FEANTSA).

La falta de vivienda conlleva un enorme costo humano para el individuo o la familia afectada, pero también conlleva un gran costo para los presupuestos públicos. Mantener a una familia en su hogar es un enfoque mucho más rentable que pagar por una vivienda de emergencia inadecuada. De acuerdo con la investigación de la Comisión Europea mencionada en secciones anteriores, en países como Austria y Alemania, se ha estimado que cada euro gastado en servicios de prevención puede ahorrar 7€ en costes de alojamiento temporal y rehabilitación para hogares sin hogar.

Además, varios expertos nacionales han identificado déficits en la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de prevención del desalojo, según el informe de la UE, y las ciudades están mejor equipadas para llevar a cabo esta intervención preventiva. Finalmente, para cumplir con las prioridades de la Agenda Urbana de la UE, la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia Mundial de ONU-Hábitat, así como el próximo Pilar Europeo de Derechos Sociales, esta práctica debe ser incorporada.

Contacto

Maite Arrondo. External Housing Agenda of Barcelona Municipality

Sitio web

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